De palabras y violencias : Sobre conflictos, política, derechos humanos....

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MIEDO EN EL ESCENARIO ELECTORAL

Enlace permanente 30 de Marzo, 2011, 20:25

Luego de la publicación de las últimas encuestas, que muestran el liderazgo del candidato Ollanta Humala en la intención de voto, percibo a mi alrededor una doble reacción: por un lado, quienes se estremecen ante dicho crecimiento y se lamentan por adelantado por los desastres que su elección traería al país; por otro, quienes comienzan a considerar con seriedad el voto por este candidato, incluso entre personas en las que no hubiera sospechado una preferencia de este tipo.

 

Comento sobre lo primero. Similar reacción se observó en las elecciones anteriores ante el mismo candidato, y en aquella oportunidad se impusieron los llamados a “votar tapándose la nariz”, en expresión de Vargas Llosa, por “el mal menor” (el candidato García). Algo similar se pretende en esta ocasión, aunque aún no queda claro aún si esa alternativa será cubierta por Toledo o PPK.

 

Otro aspecto que se repite es la difusión de mensajes catastrofistas en las caratulas de algunos diarios, que se la han emprendido fuertemente contra el candidato que lidera por el momento las encuestas, en una sucesión similar a la ofrecida en las dos últimas campañas. Varios han mencionado ya que este esfuerzo no sólo es inútil sino que, por el contrario, contribuye con el afianzamiento de la imagen del político al cual se pretende abatir. Estos medios (en realidad, cierto sector políticamente conservador) parecen no aprender de procesos anteriores y no entienden que su acción grosera genera un resultado contrario al esperado.

 

En todo esto, lo verdaderamente preocupante es la intolerancia que se percibe en el ambiente, la poca capacidad para aceptar a quienes piensan diferente. No será extraño, entonces, que en los días que queden para la jornada electoral se multipliquen mensajes de este tipo por cuanto medio encuentren a disposición. No se me ocurre mejor expresión de los rasgos antidemocráticos que aún atraviesan la cultura política nacional.

 

Intento comprender la razón de estas expresiones y no se me ocurre otra explicación que el rechazo de cierto sector de nuestra sociedad a perder o ceder parte de los privilegios concedidos por una gestión política que en los últimos lustros viene conduciéndose con rasgos similares. Y así como me preocupa el autoritarismo que le achacan a Humala, me asusta la ferocidad de las críticas de quienes se sitúan en la orilla contraria. ¿Es que no existe otro modo de procesar la convivencia entre diferentes en nuestro país?

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DERECHOS HUMANOS Y AGENDA PUBLICA

Enlace permanente 23 de Marzo, 2011, 23:33

Hace algunos días, el Tribunal Constitucional peruano ha adoptado una importante decisión: los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo, y un tribunal puede investigar estos casos sin importar la fecha en que hayan sido cometidos. Esta sentencia le da el puntillazo final al cuestionado y ya derogado Decreto Legislativo 1097 (norma que pretendía establecer noviembre de 2003 como fecha a partir de la cual podían considerarse estos crímenes, argumentando que solo entonces nuestro país se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad); y al hacerlo, deja establecida la necesidad de esclarecer los casos de graves violaciones a los derechos humanos, no sólo en cumplimiento de la normatividad internacional a la que el país está obligado, sino para evitar cualquier forma de impunidad, que era la verdadera intención del mencionado Decreto.

 

La argumentación del TC es acorde con lo que se espera del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Por eso mismo, era de esperar la reacción de quienes alientan en forma insistente formas de impunidad en nuestro país, como el almirante en retiro Luis Giampietri que ha cuestionado la sentencia señalando que al TC “se le pasó la mano”.

 

Más allá de opiniones destempladas como estas, el TC ha establecido un criterio importante para la atención de estos casos por parte de la administración de justicia. Lo más importante, en mi opinión, es que reafirma un principio que nuestra sociedad debiera colocar como primera consideración para todas sus decisiones colectivas.

 

Lamentablemente no es la forma en que el tema se está haciendo presente en la actual campaña electoral. Pese al pedido formulado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (ver aquí), este aspecto no ocupa las preocupaciones de los candidatos, muy pocos de los cuales acudieron al reciente llamado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica que, junto con las organizaciones de afectados por la violencia, propusieron un compromiso de las organizaciones políticas para alentar estos temas en el próximo quinquenio.

Pero la agenda de los derechos humanos ha tenido una forma más preocupante de ingresar en la campaña: a través de la resucitada denuncia contra el candidato Ollanta Humala por secuestro y asesinato, hechos que habrían ocurrido durante su permanencia en la base de Madre Mía. Esta denuncia fue formulada hace algunos años por la propia Coordinadora y es ahora actualizada por el diario Peru.21 (ver editorial de la edición del 22 de marzo).

 

Debo precisar que Humala no es la opción que me representa. Y creo también que toda denuncia debe ser esclarecida, y, aunque ha sido absuelto por el Poder Judicial, las explicaciones dadas por el candidato no me resultan suficientes.

 

Aclarado esto, voy al punto que deseo resaltar. Observo que el interés por el caso Madre Mía no viene de una preocupación por la vigencia de los derechos humanos, sino que el tema es empleado para contrarrestar la subida de este candidato en las encuestas. Argumenta Du Bois, director del diario en mención, que los candidatos deben tener “una hoja de vida impecable” y ante los elementos aportados en el artículo demanda una aclaración y lanza una advertencia: “¿si en la pequeña localidad de Madre Mía Humala abusó de esa manera de la población, cómo sería si llegara al poder de ganar la elección?”, dejando entrever que su elección constituiría una grave amenaza.

 

Es clara la manipulación política del tema. Ninguna alusión a la necesidad de esclarecer toda forma de violación a los derechos humanos, ni menos reflexiones sobre la responsabilidad de militares en situaciones de este tipo. Desde luego, las alusiones a las víctimas abonan sobre la incriminación al candidato, pero no reflejan una solidaridad con todas aquellas personas que sufrieron la violación de sus derechos durante el conflicto interno. En resumen, una clara muestra de cómo se puede instrumentalizar un tema a favor de un interés político particular. Exactamente lo contrario de lo propuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes comentada.

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Las víctimas contra la propuesta de reparaciones económicas

Enlace permanente 19 de Marzo, 2011, 13:53

A inicio de febrero se presentó el informe técnico que establece los lineamientos y la metodología para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas, el mismo que el Estado peruano debe implementar por mandato de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

En otro momento comentaré sobre su contenido. Por lo pronto cedo la palabra a las propias organizaciones de afectados, que ya se han pronunciado sobre el tema. La posición de CORAVIP (que agrupa a las organizaciones de víctimas de Ayacucho), se puede ver aquí. Y debajo copio el pronunciamiento de ANFASEP, que me parece oportuno y valiente.

PRONUNCIAMIENTO CONTRA INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

La Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú - ANFASEP, hace pública su indignación y rechazo al Informe Técnico del Programa de Reparaciones Económicas titulado " Lineamiento Técnicos y Metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir la implementación del Programa de Reparaciones Económicas"; por cuanto, consideramos como una burla más a las víctimas de la violencia y sus familiares que desde hace 27 años vienen exigiendo verdad, justicia y una reparación DIGNA.

El informe en mención ha sido redactado sin recoger las expectativas de las víctimas plasmadas en las propuestas de reparación presentadas oportunamente, tanto por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CONAVIP y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes han señalado que por todo el daño sufrido (material y moral) el proyecto de vida truncado y en concordancia con los estándares internacionales sobre reparaciones, éstas deberían fluctuar entre cien mil y ciento veinte mil nuevos soles, sin embargo, el informe plantea como monto de reparaciones la suma de siete mil a veinticinco mil nuevos soles independientemente del tipo de afectación y del número de familiares de la víctima. Asimismo señala como plazo razonable para la implementación de las reparaciones económicas no debería ser mayor a cinco años.

Desde ANFASEP hacemos pública nuestra indignación y rechazo a dicho informe, no podemos permitir que las víctimas y sus familiares sigan siendo burladas y violentadas en sus derechos, como es, el de recibir una reparación digna y en un plazo razonable y no como propone la Comisión.

REPARACIONES ECONÓMICAS DIGNAS E INMEDIATAS SÍ !!!

LIMOSNAS NO!!!

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REPARACIONES EN REGIONES Y MUNICIPALIDADES: UNA AGENDA PENDIENTE

Enlace permanente 2 de Marzo, 2011, 18:16

En mis recorridos por el interior del país me encuentro a menudo con la siguiente pregunta: ¿cuándo van a llegar las reparaciones? Es evidente que hay un notorio retraso en la implementación de los programas establecidos en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), lo cual es percibido nítidamente por las personas afectadas por la violencia. En otro momento intentaré un balance sobre la responsabilidad del gobierno central en la materia. En esta oportunidad quiero detenerme en lo que les toca a los gobiernos subnacionales.

 

El año 2007 se inició la gestión de nuevas autoridades regionales y municipales. Poco antes, la reglamentación de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y la conformación del Consejo de Reparaciones habían creado expectativas sobre la realidad de este proceso. En este contexto, las organizaciones de afectados y las organizaciones de derechos humanos propusieron a los gobiernos regionales asumir alguna responsabilidad en la materia.

 

En respuesta a esta demanda, en un buen número de regiones se conformaron instancias para atender el proceso de reparaciones. Estas se caracterizaron por ser colectivos incluyentes, contando con la presencia de representantes del gobierno regional, diversas entidades públicas, organizaciones de afectados e instituciones de la sociedad civil. El inicio fue auspicioso y los temas que ocuparon su agenda fueron diversos: promoción de actos simbólicos de reconocimiento a las víctimas, elaboración de planes regionales de reparaciones, propuesta de normas vinculadas al proceso, apoyo al Registro Único de Víctimas, entre otros.

 

En cuanto a las municipalidades, incluso desde años anteriores, varias habían desarrollado actos simbólicos en sus respectivas localidades (memoriales, ceremonias), y algunas habían elaborado padrones de afectados y hasta contaban con planes distritales de reparaciones. En los últimos años, además, muchas han instalado módulos de atención para el registro de las víctimas.

 

Pese al trabajo desplegado, la mirada de las víctimas no se dirige hacia las instancias regionales o locales al momento de exigir el cumplimiento del PIR. A ello, me parece, ha contribuido que el tema no haya formado parte de la agenda de trabajo de las autoridades respectivas (salvo en Apurímac) y que, con el correr de los años, la mayoría de instancias regionales conformadas se hayan debilitado, en parte por no definir con claridad la tarea a la que debían abocarse.

 

Una razón para este debilitamiento es la ausencia de un complemento ejecutivo al espacio de diálogo y concertación conformado. Los consejos regionales han promovido acciones simbólicas, intercambiado información sobre acciones en curso (reparaciones colectivas, registro de víctimas), apoyado demandas específicas (acceso de las víctimas a las universidades o al SIS), e incluso elaborado documentos regionales (planes, ordenanzas) para promover el proceso de reparaciones. No forma parte de sus competencias implementar programas públicos, pues esto es responsabilidad de quienes asumieron la conducción del gobierno regional, y aquí es donde se ha notado la poca importancia que el tema ha tenido en casi todas las regiones.

 

Con el inicio de una nueva gestión en regiones y municipalidades se plantea la oportunidad de retomar el tema, para lo cual es necesario insistir en la responsabilidad que tienen estas instancias en la implementación de programas de reparaciones. Es cierto que hay aspectos, como las reparaciones económicas, que son responsabilidad del gobierno central, pero hay otros temas sí pueden ser asumidos por las instancias subnacionales. Basta realizar un cruce entre los beneficios que se establecen en el PIR y las competencias de gobiernos regionales y locales.

 

Además del fortalecimiento de los espacios regionales de concertación sobre la materia, me parece importante incidir en los siguientes aspectos: 1) marco normativo: un plan elaborado en forma concertada, debidamente aprobado por norma regional; 2) definición de instancia y funcionario responsables de la implementación de las acciones regionales de reparación; 3) elaboración, implementación y seguimiento de los programas acordados; y, 4) asignación presupuestal para los mismos. Normalmente, la preocupación ha estado centrada en el primer punto, pero no se ha entendido que los documentos (planes, normas) son apenas un punto de partida y que quedan en expresión de intenciones sin los demás aspectos mencionados.

 

Repito: demandar respuestas a gobiernos regionales y locales no exime de responsabilidad al gobierno nacional en lo que le corresponde. Pero es una manera de asumir que esta es una tarea que le corresponde al Estado en su conjunto, y es también una manera de generar avance en la implementación real de las reparaciones a las víctimas.

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Provocadores

Enlace permanente 16 de Febrero, 2011, 11:55

Me resulta indignante la forma en la que un grupo de policías reprimió a un grupo de militantes homosexuales que se besaban públicamente en plena Plaza de Armas de Lima (ver video aquí o acá). Se trata, por desgracia, de una reacción conocida: intolerancia y empleo de la fuerza contra lo que no se entiende o no se acepta. Preocupa más al reparar que esta agresión se realizó delante de las cámaras, por lo que se puede sospechar lo que ocurre cuando no hay quien reporte abusos de esta naturaleza.

Las reacciones han sido diversas. Me interesa resaltar el argumento de quiénes critican la actuación policial y, al mismo tiempo, señalan que los jóvenes no debieron colocarse en una situación provocadora. Llaman provocación a besarse públicamente o a hacerlo delante de un lugar religioso que, para colmo de males, está asociado en la actualidad a la figura conservadora del Cardenal.

No estoy de acuerdo con este argumento. Según esta lógica, no se condenan las expresiones de afecto entre personas del mismo sexo, pero se demanda que se reserven para la intimidad, a los espacios privados. Nada de manifestaciones públicas porque eso es provocador, dicen. Si bien el planteamiento queda allí, queda la pregunta sobre lo qué debe pasar cuando alguien osa salirse de esta restricción.

Se olvida que actos provocadores y pacíficos han cimentado el camino del reconocimiento de los derechos de las personas. Son muchos los ejemplos que se pueden citar, como aquella valiente negativa de Rosa Parks a ceder el asiento en un ómnibus a una persona blanca en plena vigencia de las normas de segregación racial en Estados Unidos, hecho que le valió el arresto por perturbación del orden.

Y es que actos como estos, efectivamente, perturban, movilizan afectos y opiniones, y, acaso lo más importante, descorren el velo sobre situaciones que de otro modo no entrarían en la mirada de la opinión pública. En este caso sobre las múltiples situaciones de discriminación que sufren las personas homosexuales.

El tema entró en agenda electoral a propósito de la discusión sobre la factibilidad de la unión civil en nuestra legislación. Y actos como los comentados en estas líneas ayudan a que el debate sobre el tema no se pierda en la vorágine de contenidos producidos cada jornada. Por eso es de desear que haya más eventos provocadores en estos y otros temas, mal que le pese a ciprianis intransigentes. Y que, junto a ellos, se vaya organizando y difundiendo un discurso y muchas actitudes favorables al respeto de toda persona, sea cual sea su condición.

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Pronunciamiento de CORAVIP

Enlace permanente 9 de Febrero, 2011, 0:09

Valiente y oportuno pronunciamiento de las organizaciones de afectados de Ayacucho. Siendo el departamento más golpeado por la violencia, su voz resulta especialmente importante en este momento en el que se está definiendo el curso del programa de reparaciones económicas.

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho - CORAVIP, organización que trabaja por la defensa y promoción de derechos humanos; frente al informe presentada por la Comisión Técnica Multisectorial encargada de desarrollar lineamientos para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas de la violencia, que se conformó durante la II Marcha Nacional, realizado en julio del 2010 y organizada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política; nos dirigimos a la opinión pública para manifestar los siguientes:

1. Exigimos a la Presidencia de Consejo de Ministros y a la Comisión Técnica que haga de público conocimiento el Informe Técnico presentado el 31 de enero del 2011, la misma que se mantiene reservado sobre las modalidades, montos y procedimientos para efectuar las reparaciones económicas individuales a las víctimas y familiares; además éstas reparaciones son derechos ganados por las propias organizaciones de víctimas y que se está convirtiendo como engaño por la lentitud en su implementación.

2. Asimismo; exigimos al presidente de ésta Comisión Técnica Multisectorial, Dr. Jesús Aliaga Baldeón, que en sus expresiones tenga mayor cuidado y respeto a las víctimas y familiares, ya que los afectados estamos exigiendo nuestro derecho y no estamos vendiendo a nuestros muertos y desaparecidos; los familiares de las víctimas clamamos por las secuelas que causó el proceso de la violencia política que vivió nuestro país por acción de sendero luminoso, fuerzas armadas y otros grupos alzados en armas.

3. Por último exhortamos a candidatos y candidatas presidenciales y congresales, que tomen en cuenta dentro de sus planes de gobierno la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, principalmente el Plan Integral de Reparaciones para atender con prontitud a familiares y víctimas del conflicto armado interno.

Ayacucho, 08 de febrero del 2011.

Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política Ayacucho – CORAVIP.

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CONFLICTOS: ¿SOLO UN COSTO ECONOMICO?

Enlace permanente 2 de Febrero, 2011, 19:24

 

Hace algunos días un medio radial entrevistó al economista Daniel Córdova, candidato al Congreso por la Alianza para el Gran Cambio. En su intervención explicaba las medidas que debían adoptarse para favorecer la rentabilidad empresarial, lo cual a su vez fomentaría la inversión y mantendría los actuales niveles de crecimiento de la economía.

 

En su exposición mencionó que la adecuada resolución de los conflictos sociales, especialmente los asociados a grandes inversiones (minería, hidrocarburos, energía), constituían una acción necesaria para disminuir los costos empresariales. Si no tuvieran que asumir los costos de enfrentar situaciones conflictivas, las empresas serían más rentables y eso, en la lógica planteada por Córdova, sería beneficioso para la economía.

 

Un discurso como este reduce la realidad del conflicto social a un asunto meramente económico, donde el único interés que parece existir es el del inversionista. Al hacerlo, además de invisibilizar a cualquier otro actor, señala que la única acción posible del Estado es favorecer la lógica de acción.

 

Nada se dice sobre la diversidad de intereses alrededor de un conflicto. Todas las otras voces son incluidas en la categoría “costo”, no existen sino como una dificultad a superar, y para ello se cuenta con la ayuda del Estado. Dichas así las cosas, no se le puede pedir a este razonamiento que entienda el conflicto social de otra manera, por ejemplo como una oportunidad para la inclusión, como un espacio que promueva el aprendizaje del diálogo y la tolerancia entre diferentes, en fin, como la posibilidad de fortalecer la vida democrática en el país. Nada de ello.

 

Acaso no deba llamar la atención que un planteamiento como este venga de quienes sostienen intereses económicos, pues finalmente es la defensa de la inversión la que está en juego. Pero la claridad de la apuesta del candidato Córdova – que es posible extender a la alianza a la que pertenece – resulta preocupante por su pretensión de identificar al Estado con esa posición. De este modo, el Estado deja de ser un espacio de lucha y negociación política para convertirse en instrumento de quienes realizan negocios en el país.

 

Esta propuesta representa claramente una continuidad con la forma en la que el actual gobierno se ha conducido ante los conflictos sociales. Y a juzgar por la enorme cantidad de muertos que han quedado en el camino, nada bueno podemos esperar de fórmulas que repiten los fracasos de los últimos años.

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La chalina... otra vez

Enlace permanente 20 de Enero, 2011, 1:39

Uno de los actos principales de las celebraciones por el día de Lima fue la inauguración de la exposición de la Chalina de la Esperanza, promovida por el Colectivo Desvela. El escenario fue la galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima.

Se trata en realidad de una segunda inauguración, pues se recordará que hace algunas semanas el entonces alcalde de San Isidro censuró la exposición inaugurada en el centro cultural de dicho distrito, pese a que había estado presente en la misma. Numerosas voces se elevaron cuestionando tal decisión, especialmente por constituir una nueva muestra de desprecio hacia los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto interno.

Afortunadamente, no ha pasado mucho tiempo para que este símbolo sea presentado en público. Y el escenario no puede ser mejor: el corazón mismo de la ciudad, hecho que resalta la fuerza expresiva de este símbolo. La Chalina está ahora en el lugar más público del país – la Plaza de Armas de Lima – donde nadie puede ocultar la terrible realidad que revela, la de las desapariciones forzadas en el país durante el conflicto interno, una verdad que muchos, incluyendo a ilustres vecinos de esta plaza, preferirían mantener en la oscuridad del silencio o del olvido.

La inauguración estuvo muy concurrida. Fue engalanada por los dos peruanos vivos más universales, Mario Vargas Llosa y Gustavo Gutiérrez, además de la alcaldesa de Lima y otras autoridades. En medio de la multitud, los propios familiares, en su mayoría mujeres, cuyas manos son las verdaderas creadoras de esta Chalina.

La Chalina de la Esperanza es un símbolo hermoso e interpelante, o acaso hermoso precisamente por la verdad que revela y ante la cual uno no queda indiferente. La presencia de su mensaje en nuestra principal plaza nos habla de los nuevos tiempos que se viven en la Municipalidad. Ojalá sea signo también de que nuevos tiempos asoman en la vida del país, tiempo de respeto y reconocimiento a quienes sufrieron la violencia, tiempo de asumir con serenidad esta parte de nuestra historia reciente, tiempo de cerrar heridas sobre la base de la verdad y la justicia.

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El poder de las víctimas

Enlace permanente 1 de Diciembre, 2010, 18:01

El domingo pasado, de camino a Chungui, me enteré de la censura a la exposición de la “Chalina de la Esperanza” por parte de la Municipalidad de San Isidro. Comparto estas líneas desde la indignación de ese momento.

La exposición

Estuve en la inauguración de esta muestra y creo que ninguno de los presentes fue ajeno a los poderosos sentimientos que ella provocaba. Las historias de las desapariciones forzadas en nuestro país son tremendamente conmovedoras. Imposible no pensar en las historias detrás de todos estos nombres y en las manos que los fijaron en esta chalina, tratando con ese gesto de hacer imperecedera la memoria de sus familiares cuyos restos no han podido ser encontrados hasta hoy.

Y esos relatos podían ser escuchados de las voces de las propias protagonistas, mujeres que por años han cargado esta memoria dolorosa y la ofrecían con sencillez a los visitantes. No eran parte del decorado, sino que su presencia hacía de este evento un acto vivo, al cual uno se incorporaba con horror y con asombro. Y este es uno de los aspectos que me parecen más valiosos: que las propias víctimas se hayan apropiado de la exposición y de todo el proceso que llevó hacia ella. Hermosa y contradictoria manera de ofrecernos una creación desde el dolor más profundo e injusto.

Algo más. La exposición invitaba a zambullirse en esta parte oscura de nuestra historia. El escenario y muchos de los asistentes no son de los que suelen aparecer relacionados con este tema. Y con ello la chalina se convertía en un poderoso símbolo que invitaba a diversos a acercarse a estas historias. Igual que las muchas manos que en forma solidaria tejieron esa otra chalina, la de la Solidaridad. Unos y otros representaban el gesto de asumir estos hechos como parte de nuestra historia, constituyéndose como un poderoso gesto de integración y reconocimiento hacia las víctimas.

Todo esto ha quedado intempestivamente interrumpido por la estupidez de una gestión municipal que apenas ha podido balbucear argumentos banales. Personalmente me siento afectado, pero considero que esta decisión golpea a las víctimas que constatan, una vez más, cuán poca consideración y respeto reciben de algunos sectores de nuestra sociedad.

Una infeliz coincidencia

Apenas unos días antes, el Poder Judicial absolvió a un grupo de efectivos militares responsables del asesinato de doce personas, incluyendo dos niños, de los poblados de Parcco Alto y Pomatambo. No me voy a extender en el recuento de hechos que ya otros han tratado estos días (ver noticia y análisis); sólo quiero resaltar que esta decisión judicial se ubica dentro la tendencia observada últimamente en el tratamiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos cuyo resaltado es la impunidad.

Más allá de las implicancias jurídicas, la demanda de los familiares ha quedado una vez más desairada, su reclamo desestimado por argumentos cuestionables. Como en el caso de la exposición censurada, una institución oficial resuelve que estas voces no tienen cabida ni validez en nuestro entorno social. Lo lamentable es que se trata de la instancia encargada de administrar justicia, campo en el cual la voz de los más débiles parece no contar.

El poder de las víctimas

En gestos que parecen repetidos, estos y otros hechos revelan cómo parte de la institucionalidad intenta acallar las voces de las víctimas, como una forma de arrancar de la memoria social hechos que les resultan incómodos. A la desaparición física de personas le sigue hoy la pretensión de silenciar social y simbólicamente a quienes no cejan de recordarnos esa deuda humanitaria y de justicia que el país tiene con algunos de los nuestros.

¿Qué extraño poder ejercen las víctimas sobre nuestra conciencia social para merecer tantos esfuerzos de sectores con poder en nuestro país? Acaso sea la altura ética de sus demandas que no puede ser alcanzada, por más que se intente, por acciones que se mueven entre la indiferencia y el cinismo.

La chalina seguirá tejiéndose y volverá a ser expuesta el próximo año, esta vez en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Ojalá la justicia siguiera el mismo camino del reconocimiento. Pero con seguridad la historia no registrará el paso de las decisiones de un alcalde infeliz ni las torpes sentencias de jueces sin sentido de justicia. En cambio, la palabra y la memoria de las víctimas quedarán. Este es el poder que temen y aborrecen.

 

Fuentes de las fotos:

1) http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/11/la-chalina-de-la-esperanza-y-la-censura/

2) http://spaciolibre.net/?p=5820

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El RUV y el Lugar de la Memoria

Enlace permanente 17 de Noviembre, 2010, 17:18

Siempre he pensado que el Registro Único de Víctimas (RUV), en cuya elaboración trabajo desde hace casi tres años, es no sólo un instrumento para la identificación de las víctimas de la violencia y de los beneficiarios de los distintos programas de reparación establecidos en la Ley N° 28592, sino que puede ser entendido como un ejercicio nacional de memoria.

 

Me explico. La tarea de recoger testimonios de personas que refieren haber sufrido la violencia, analizar dichas historias, ubicándolas en un contexto, para finalmente dejar sus nombres y los de sus familiares inscritos en un listado oficial, ha supuesto un proceso complejo que está tomando varios años.

 

Hay aquí una doble riqueza. Por un lado, se ha podido recopilar otros registros oficiales, elaborados previamente por otras entidades públicas (el más amplio: el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación), y al mismo tiempo registrar miles de relatos en todo el país. El resultado final, del cual estamos cada vez más cerca, nos indica que el país cuenta ahora con el mayor número de historias sobre la violencia, con un volumen de información nunca antes acopiado por institución pública o privada alguna. Para ello, se han visitado una cantidad enorme de localidades, llegando a lugares donde nadie llegó antes a escuchar estas historias. Esto nos da la posibilidad de integrar en el RUV nombres y acontecimientos que de otro modo quedarían sumidos en el olvido.

 

El carácter oficial del RUV nos indica que la sociedad peruana se compromete a guardar memoria permanente de los nombres en él inscritos – y de las historias que vienen detrás de los mismos. Este esfuerzo viene a completar desde el Estado el ejercicio de memoria que las personas y las familias realizan desde el tiempo mismo del conflicto, amparadas a veces por iniciativas colectivas de memoria grupal, institucional o local. El RUV aparece como un contenedor posible de todas estas memorias, al menos al ubicar juntos a todos los nombres de quienes sufrieron en diversas formas durante el conflicto.

 

Por lo dicho, me parece de suma importancia para la historia del país el acervo documentario que ha podido organizar el Consejo de Reparaciones en estos años, razón por la cual me parece válido preguntarse por el destino final que tendrá el mismo. Hoy por hoy, cuando llegue el momento de transferir la documentación – que se encuentra toda digitalizada – se hará al archivo central de la Presidencia del Consejo de Ministros, sector al cual está adscrita la entidad. Considero que no sería la opción más adecuada, no solo porque esta unidad carece, hasta donde sé, de espacio para guardar adecuadamente los miles de expedientes existentes, sino sobre todo porque tan  importante información sobre nuestra historia reciente quedaría abandonada y sin utilidad en medio de la innumerable documentación administrativa propia del sector.

 

Aquí es donde resulta oportuno mirar hacia otro lado y, al hacerlo, aparece en el horizonte el Lugar de la Memoria, cuya construcción se iniciará en breve. Se ha mencionado que este no será un espacio que congele una mirada sobre la tragedia viva, sino, en palabras de Mario Vargas Llosa, primer Presidente de la Comisión encargada de su implementación, será “algo vivo y actual, un lugar de exposición, estudio, diálogo y reflexión que sirva para reforzar nuestras instituciones, promover la paz y la convivencia entre los peruanos, y enseñe a las nuevas generaciones los estragos que causan el fanatismo ideológico y la transgresión de la ley”. No me queda duda que la información contenida en el RUV puede contribuir ello, junto con otras colecciones, archivos, objetos, etc. que puedan reunirse en este espacio.

 

Esta intención fue comentada por los integrantes del Consejo de Reparaciones a la Comisión del Lugar de la Memoria cuando tuvieron oportunidad de reunirse, el verano pasado. Para que se haga realidad, además de la voluntad mutua, se requiere una norma que así lo establezca. Me parece una tarea que deberá acometerse en el futuro próximo.

 

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