De palabras y violencias : Sobre conflictos, política, derechos humanos....

  Archivos
Mar 11 [4]
Feb 11 [3]
Ene 11 [1]
Dic 10 [1]
Nov 10 [3]
Oct 10 [1]
Mayo 10 [1]
Dic 09 [2]
Oct 09 [2]
Sep 09 [6]


Sindicación
Artículos
Comentarios


General
BlogsPeru

Política
Fernando Tuesta
Gonzalo Gamio
Jacqueline Fowks
Martin Tanaka

 
Inicio | Mi Perfil | Suscríbete al blog
Marzo del 2011

 

MIEDO EN EL ESCENARIO ELECTORAL

Enlace permanente 30 de Marzo, 2011, 20:25

Luego de la publicación de las últimas encuestas, que muestran el liderazgo del candidato Ollanta Humala en la intención de voto, percibo a mi alrededor una doble reacción: por un lado, quienes se estremecen ante dicho crecimiento y se lamentan por adelantado por los desastres que su elección traería al país; por otro, quienes comienzan a considerar con seriedad el voto por este candidato, incluso entre personas en las que no hubiera sospechado una preferencia de este tipo.

 

Comento sobre lo primero. Similar reacción se observó en las elecciones anteriores ante el mismo candidato, y en aquella oportunidad se impusieron los llamados a “votar tapándose la nariz”, en expresión de Vargas Llosa, por “el mal menor” (el candidato García). Algo similar se pretende en esta ocasión, aunque aún no queda claro aún si esa alternativa será cubierta por Toledo o PPK.

 

Otro aspecto que se repite es la difusión de mensajes catastrofistas en las caratulas de algunos diarios, que se la han emprendido fuertemente contra el candidato que lidera por el momento las encuestas, en una sucesión similar a la ofrecida en las dos últimas campañas. Varios han mencionado ya que este esfuerzo no sólo es inútil sino que, por el contrario, contribuye con el afianzamiento de la imagen del político al cual se pretende abatir. Estos medios (en realidad, cierto sector políticamente conservador) parecen no aprender de procesos anteriores y no entienden que su acción grosera genera un resultado contrario al esperado.

 

En todo esto, lo verdaderamente preocupante es la intolerancia que se percibe en el ambiente, la poca capacidad para aceptar a quienes piensan diferente. No será extraño, entonces, que en los días que queden para la jornada electoral se multipliquen mensajes de este tipo por cuanto medio encuentren a disposición. No se me ocurre mejor expresión de los rasgos antidemocráticos que aún atraviesan la cultura política nacional.

 

Intento comprender la razón de estas expresiones y no se me ocurre otra explicación que el rechazo de cierto sector de nuestra sociedad a perder o ceder parte de los privilegios concedidos por una gestión política que en los últimos lustros viene conduciéndose con rasgos similares. Y así como me preocupa el autoritarismo que le achacan a Humala, me asusta la ferocidad de las críticas de quienes se sitúan en la orilla contraria. ¿Es que no existe otro modo de procesar la convivencia entre diferentes en nuestro país?

Comentarios -1 ~ Comentar | Referencias (0)
Etiquetas:


 

DERECHOS HUMANOS Y AGENDA PUBLICA

Enlace permanente 23 de Marzo, 2011, 23:33

Hace algunos días, el Tribunal Constitucional peruano ha adoptado una importante decisión: los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo, y un tribunal puede investigar estos casos sin importar la fecha en que hayan sido cometidos. Esta sentencia le da el puntillazo final al cuestionado y ya derogado Decreto Legislativo 1097 (norma que pretendía establecer noviembre de 2003 como fecha a partir de la cual podían considerarse estos crímenes, argumentando que solo entonces nuestro país se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad); y al hacerlo, deja establecida la necesidad de esclarecer los casos de graves violaciones a los derechos humanos, no sólo en cumplimiento de la normatividad internacional a la que el país está obligado, sino para evitar cualquier forma de impunidad, que era la verdadera intención del mencionado Decreto.

 

La argumentación del TC es acorde con lo que se espera del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Por eso mismo, era de esperar la reacción de quienes alientan en forma insistente formas de impunidad en nuestro país, como el almirante en retiro Luis Giampietri que ha cuestionado la sentencia señalando que al TC “se le pasó la mano”.

 

Más allá de opiniones destempladas como estas, el TC ha establecido un criterio importante para la atención de estos casos por parte de la administración de justicia. Lo más importante, en mi opinión, es que reafirma un principio que nuestra sociedad debiera colocar como primera consideración para todas sus decisiones colectivas.

 

Lamentablemente no es la forma en que el tema se está haciendo presente en la actual campaña electoral. Pese al pedido formulado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (ver aquí), este aspecto no ocupa las preocupaciones de los candidatos, muy pocos de los cuales acudieron al reciente llamado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica que, junto con las organizaciones de afectados por la violencia, propusieron un compromiso de las organizaciones políticas para alentar estos temas en el próximo quinquenio.

Pero la agenda de los derechos humanos ha tenido una forma más preocupante de ingresar en la campaña: a través de la resucitada denuncia contra el candidato Ollanta Humala por secuestro y asesinato, hechos que habrían ocurrido durante su permanencia en la base de Madre Mía. Esta denuncia fue formulada hace algunos años por la propia Coordinadora y es ahora actualizada por el diario Peru.21 (ver editorial de la edición del 22 de marzo).

 

Debo precisar que Humala no es la opción que me representa. Y creo también que toda denuncia debe ser esclarecida, y, aunque ha sido absuelto por el Poder Judicial, las explicaciones dadas por el candidato no me resultan suficientes.

 

Aclarado esto, voy al punto que deseo resaltar. Observo que el interés por el caso Madre Mía no viene de una preocupación por la vigencia de los derechos humanos, sino que el tema es empleado para contrarrestar la subida de este candidato en las encuestas. Argumenta Du Bois, director del diario en mención, que los candidatos deben tener “una hoja de vida impecable” y ante los elementos aportados en el artículo demanda una aclaración y lanza una advertencia: “¿si en la pequeña localidad de Madre Mía Humala abusó de esa manera de la población, cómo sería si llegara al poder de ganar la elección?”, dejando entrever que su elección constituiría una grave amenaza.

 

Es clara la manipulación política del tema. Ninguna alusión a la necesidad de esclarecer toda forma de violación a los derechos humanos, ni menos reflexiones sobre la responsabilidad de militares en situaciones de este tipo. Desde luego, las alusiones a las víctimas abonan sobre la incriminación al candidato, pero no reflejan una solidaridad con todas aquellas personas que sufrieron la violación de sus derechos durante el conflicto interno. En resumen, una clara muestra de cómo se puede instrumentalizar un tema a favor de un interés político particular. Exactamente lo contrario de lo propuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes comentada.

Comentarios 1 ~ Comentar | Referencias (0)
Etiquetas:


 

Las víctimas contra la propuesta de reparaciones económicas

Enlace permanente 19 de Marzo, 2011, 13:53

A inicio de febrero se presentó el informe técnico que establece los lineamientos y la metodología para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas, el mismo que el Estado peruano debe implementar por mandato de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

En otro momento comentaré sobre su contenido. Por lo pronto cedo la palabra a las propias organizaciones de afectados, que ya se han pronunciado sobre el tema. La posición de CORAVIP (que agrupa a las organizaciones de víctimas de Ayacucho), se puede ver aquí. Y debajo copio el pronunciamiento de ANFASEP, que me parece oportuno y valiente.

PRONUNCIAMIENTO CONTRA INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

La Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú - ANFASEP, hace pública su indignación y rechazo al Informe Técnico del Programa de Reparaciones Económicas titulado " Lineamiento Técnicos y Metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir la implementación del Programa de Reparaciones Económicas"; por cuanto, consideramos como una burla más a las víctimas de la violencia y sus familiares que desde hace 27 años vienen exigiendo verdad, justicia y una reparación DIGNA.

El informe en mención ha sido redactado sin recoger las expectativas de las víctimas plasmadas en las propuestas de reparación presentadas oportunamente, tanto por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CONAVIP y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes han señalado que por todo el daño sufrido (material y moral) el proyecto de vida truncado y en concordancia con los estándares internacionales sobre reparaciones, éstas deberían fluctuar entre cien mil y ciento veinte mil nuevos soles, sin embargo, el informe plantea como monto de reparaciones la suma de siete mil a veinticinco mil nuevos soles independientemente del tipo de afectación y del número de familiares de la víctima. Asimismo señala como plazo razonable para la implementación de las reparaciones económicas no debería ser mayor a cinco años.

Desde ANFASEP hacemos pública nuestra indignación y rechazo a dicho informe, no podemos permitir que las víctimas y sus familiares sigan siendo burladas y violentadas en sus derechos, como es, el de recibir una reparación digna y en un plazo razonable y no como propone la Comisión.

REPARACIONES ECONÓMICAS DIGNAS E INMEDIATAS SÍ !!!

LIMOSNAS NO!!!

~ Comentar | Referencias (0)
Etiquetas:


 

REPARACIONES EN REGIONES Y MUNICIPALIDADES: UNA AGENDA PENDIENTE

Enlace permanente 2 de Marzo, 2011, 18:16

En mis recorridos por el interior del país me encuentro a menudo con la siguiente pregunta: ¿cuándo van a llegar las reparaciones? Es evidente que hay un notorio retraso en la implementación de los programas establecidos en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), lo cual es percibido nítidamente por las personas afectadas por la violencia. En otro momento intentaré un balance sobre la responsabilidad del gobierno central en la materia. En esta oportunidad quiero detenerme en lo que les toca a los gobiernos subnacionales.

 

El año 2007 se inició la gestión de nuevas autoridades regionales y municipales. Poco antes, la reglamentación de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y la conformación del Consejo de Reparaciones habían creado expectativas sobre la realidad de este proceso. En este contexto, las organizaciones de afectados y las organizaciones de derechos humanos propusieron a los gobiernos regionales asumir alguna responsabilidad en la materia.

 

En respuesta a esta demanda, en un buen número de regiones se conformaron instancias para atender el proceso de reparaciones. Estas se caracterizaron por ser colectivos incluyentes, contando con la presencia de representantes del gobierno regional, diversas entidades públicas, organizaciones de afectados e instituciones de la sociedad civil. El inicio fue auspicioso y los temas que ocuparon su agenda fueron diversos: promoción de actos simbólicos de reconocimiento a las víctimas, elaboración de planes regionales de reparaciones, propuesta de normas vinculadas al proceso, apoyo al Registro Único de Víctimas, entre otros.

 

En cuanto a las municipalidades, incluso desde años anteriores, varias habían desarrollado actos simbólicos en sus respectivas localidades (memoriales, ceremonias), y algunas habían elaborado padrones de afectados y hasta contaban con planes distritales de reparaciones. En los últimos años, además, muchas han instalado módulos de atención para el registro de las víctimas.

 

Pese al trabajo desplegado, la mirada de las víctimas no se dirige hacia las instancias regionales o locales al momento de exigir el cumplimiento del PIR. A ello, me parece, ha contribuido que el tema no haya formado parte de la agenda de trabajo de las autoridades respectivas (salvo en Apurímac) y que, con el correr de los años, la mayoría de instancias regionales conformadas se hayan debilitado, en parte por no definir con claridad la tarea a la que debían abocarse.

 

Una razón para este debilitamiento es la ausencia de un complemento ejecutivo al espacio de diálogo y concertación conformado. Los consejos regionales han promovido acciones simbólicas, intercambiado información sobre acciones en curso (reparaciones colectivas, registro de víctimas), apoyado demandas específicas (acceso de las víctimas a las universidades o al SIS), e incluso elaborado documentos regionales (planes, ordenanzas) para promover el proceso de reparaciones. No forma parte de sus competencias implementar programas públicos, pues esto es responsabilidad de quienes asumieron la conducción del gobierno regional, y aquí es donde se ha notado la poca importancia que el tema ha tenido en casi todas las regiones.

 

Con el inicio de una nueva gestión en regiones y municipalidades se plantea la oportunidad de retomar el tema, para lo cual es necesario insistir en la responsabilidad que tienen estas instancias en la implementación de programas de reparaciones. Es cierto que hay aspectos, como las reparaciones económicas, que son responsabilidad del gobierno central, pero hay otros temas sí pueden ser asumidos por las instancias subnacionales. Basta realizar un cruce entre los beneficios que se establecen en el PIR y las competencias de gobiernos regionales y locales.

 

Además del fortalecimiento de los espacios regionales de concertación sobre la materia, me parece importante incidir en los siguientes aspectos: 1) marco normativo: un plan elaborado en forma concertada, debidamente aprobado por norma regional; 2) definición de instancia y funcionario responsables de la implementación de las acciones regionales de reparación; 3) elaboración, implementación y seguimiento de los programas acordados; y, 4) asignación presupuestal para los mismos. Normalmente, la preocupación ha estado centrada en el primer punto, pero no se ha entendido que los documentos (planes, normas) son apenas un punto de partida y que quedan en expresión de intenciones sin los demás aspectos mencionados.

 

Repito: demandar respuestas a gobiernos regionales y locales no exime de responsabilidad al gobierno nacional en lo que le corresponde. Pero es una manera de asumir que esta es una tarea que le corresponde al Estado en su conjunto, y es también una manera de generar avance en la implementación real de las reparaciones a las víctimas.

~ Comentar | Referencias (0)
Etiquetas:



Blog alojado en ZoomBlog.com

 

 

<<   Marzo 2011    
LMMiJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Categorías
General [1] Sindicar categoría
Conflictos sociales [3] Sindicar categoría
Culturales [3] Sindicar categoría
Derechos humanos [14] Sindicar categoría
Discriminación [1] Sindicar categoría
Política [2] Sindicar categoría